Emergencia Antisocial

El movimiento de rechazo a los decretos dictados durante la Emergencia Social en Colombia es poco menos que escalofriantes. El decreto 128 afirma que las personas afiliadas a las Entidades Prestadoras de Salud deben pagar con su patrimonio, o en caso de no tener suficiente, deben conseguir un préstamo de alguna entidad financiera. El decreto 131 afirma que si los médicos se salen de estos parámetros los multarían con 5 millones a 25 millones de pesos aproximadamente (U$ 2500 - U$ 12500). De manera arbitrara se quitan las tutelas, único mecanismo que ha dado algo de justicia social, pues obliga a las EPS a pagar tratamientos fuera del POS. Además, los decretos parecen redefinir el plan obligatorio de salud (POS), que pasa a estar integrado sólo por tratamientos médicos “de baja complejidad”. Es decir, ciertos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, sordera, etc., al ser de alta o media complejidad, pasarían a ser “prestaciones excepcionales” en salud. Los tratamientos que no tengan base científica o que sean “experimentales”, tampoco serán cobijados por el POS. Por supuesto, cada entidad tendrá un comité técnico encargado de determinar cuándo un procedimiento es o no científico o experimental. El temor, fundado, de los colombianos de clase media, radica en el hecho de que tendrán que pagar, además del descuento de ley que sale directamente de su sueldo cuando se enfermen gravemente, deberán quedar (más) endeudados, y en la quiebra. El temor de los pobres es que no tendrán cómo pagar. El de los médicos consiste en la pérdida de su autonomía: no podrán formular drogas por fuera del POS. Este sistema así reformado es tremendamente similar al de los Estados Unidos, que Barak Obama está tratando de reformar. Si se mantiene, no tardaremos en ver más problemas de los que hay ahora con la ley 100 de 1993 (cuyo ponente ante el congreso fue Álvaro Uribe). Veremos más filas de gente en las salas de emergencias, sin poder ser atendidas debido a que no cotizan, y más gente endeudada y embargada por los bancos, quienes “amablemente” les prestaron para pagar, por ejemplo, un tratamiento de cáncer cervical. El documental de Michael Moore “Sicko”, revela de dónde surgió esta idea en el país del norte: las grabaciones del Watergate –ordenadas para espiar a la oposición, pero que se volvieron contra él, revelan el momento histórico en que se le propone la idea a este presidente republicano: El 17 de febrero de 1971, a las 5: 23 p.m., se mantiene la siguiente conversación entre el asesor Ehrlichman y el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon:

Ehrlichman: Hemos limitado los problemas del vicepresidente en este asunto a una cosa, y esa es si debemos incluir a estas organizaciones de mantenimiento de la salud.

Nixon: Déjame preguntarte, tu sabes que no sé mucho sobre estos malditos programas de salud.

Ehrlichman: Esta es una empresa privada.

Nixon: Bien, eso me gusta.

Ehrlichman: Edgar Kaiser está usando su negocio “Permanente” para beneficio, y la razón por la que lo puede hacer, y me entrevisté con Edgar Kaiser y me dijo sobre esto, y me pareció algo profundo, es que todas sus iniciativas van hacia dar menos cuidados médicos, porque entre menos cuidado médico ofrezcan, más dinero ganan…

Nixon: ¡Magnífico!

Ehrlichman: … y los incentivos van de manera correcta.

Nixon: Nada mal.

Al día siguiente, el 18 de febrero de 1971, el presidente hace la siguiente declaración:

“Estoy proponiendo hoy una nueva estrategia nacional de salud. El propósito de este programa es simplemente este: quiero que EEUU tenga el mejor sistema de salud en el mundo. Y quiero que cada estadounidense pueda recibir ese cuidado cuando lo necesite” (Sicko, minuto 30 del documental).

Ahora bien, las comparaciones son odiosas. Pero no estoy insinuando que nuestro presidente Uribe se parezca a Nixon. No insinúo que tenga asesores con extraños y oscuros vínculos, ni que en su gobierno haya iniciado proyectos para favorecer a la empresa privada en detrimento de los ciudadanos, y mucho menos insinúo que es posible que haya tramado un plan para espiar a la oposición, ni a la rama judicial. No lo insinúo, lo afirmo con vehemencia.

Y si vemos las declaraciones del ministro de salud, que venden la nueva reforma como una manera de darle cobertura en salud a todos los colombianos, no puedo sino imaginarme que la conversación del día anterior fue como la que acabo de transcribir, solo que cambiando el nombre “Permanente” por Coopsalud, y el de Kaiser por Palacino:

“El Ministerio de la Protección asegura que los decretos de la emergencia social permitirán que todos los colombianos puedan acceder de manera equitativa y suficiente a todos los servicios de salud que necesiten, al tiempo que racionalizarán el manejo de los recursos del sistema” El Tiempo.

Recordemos que Palacino, investigado por la DIAN y la la Superintendencia de Salud, convirtió la salud, amparado en la ley 100, en un negocio que deja miles de ganancia, e implementó el sistema de empresarial llamado “integración vertical” (el que usan las petroleras) en el sistema de clínicas y hospitales de Colombia. En síntesis, estos decretos destrozarán la salud y el bolsillo del pueblo colombiano, mientras los de siempre saldrán beneficiados. Esperemos que el grito del 6 de febrero en la Paza de Bolívar sea “universalización del servicio de salud”, como era antes de la ley 100 de 1993.

P.S. Los colombianos de bien están convencidos de que los nuevos decretos mejorarán la salud. El 57% afirma esto en una encuesta de CM&. Por favor, voten por el NO, pues ya sabemos que las encuestas en este país tienen efecto de bola de nieve: en unas horas todo el mundo pensará que los decretos son maravillosos, y que los organizadores de la marcha somos terroristas.